El Parlamento fija su posición sobre la Ley de IA

El 14 de junio de 2023 el pleno del Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora sobre la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones. Esa misma noche comenzaron los trílogos con el Consejo y la Comisión. No es todavía una ley, pero sí la señal más clara hasta ahora de hacia dónde va el marco europeo.

Para estudios de arquitectura e ingenierías, la pregunta útil no es si la ley es buena o mala, sino qué parte nos toca y qué conviene empezar a ordenar ya.

Qué es exactamente lo que se ha votado

La Comisión presentó su propuesta el 21 de abril de 2021, con un enfoque basado en el riesgo: prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo con obligaciones estrictas, obligaciones de transparencia para ciertos sistemas y un amplio espacio de uso libre.

El Parlamento mantiene esa arquitectura e introduce cambios relevantes:

• Amplía las prácticas prohibidas, entre ellas la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos.
• Amplía la lista de alto riesgo, incorporando riesgos para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales y el medio ambiente.
• Crea obligaciones específicas para los modelos fundacionales, la base de herramientas como ChatGPT: evaluar y mitigar riesgos y registrarse en una base de datos europea antes de comercializarse.
• Exige transparencia a la IA generativa: revelar que el contenido ha sido generado por IA, diseñar el modelo para evitar contenido ilegal y publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor usados en el entrenamiento.

Proveedor o usuario: la distinción clave

La propuesta diferencia entre quien desarrolla y comercializa un sistema y quien lo utiliza en su actividad profesional. El texto del Parlamento denomina a este último "implementador".

La mayoría de los estudios e ingenierías serán implementadores: utilizan herramientas de terceros. Las obligaciones más pesadas recaen en los proveedores. Pero eso no significa ausencia de obligaciones, y hay dos situaciones en las que un despacho técnico podría cambiar de papel:

1. Si desarrolla internamente una herramienta basada en IA y la pone a disposición de terceros, por ejemplo de clientes o de otras empresas del grupo.
2. Si modifica sustancialmente un sistema de un proveedor o lo usa para una finalidad de alto riesgo distinta de la prevista.

¿Es alto riesgo lo que hace un estudio?

En general, no. Generar una memoria, redactar un pliego o producir imágenes de ideación no figura entre los usos de alto riesgo de la propuesta. Hay, sin embargo, zonas que merecen atención:

• Selección de personal. Usar IA para filtrar currículos o evaluar candidatos sí entra en la categoría de alto riesgo. Un estudio que contrate con herramientas de cribado automatizado estará afectado.
• Infraestructuras críticas. Las ingenierías que trabajan en gestión de redes de agua, energía o tráfico deberían revisar con atención el anexo de alto riesgo.
• Seguridad de productos. Los componentes de seguridad de productos regulados por normativa europea pueden arrastrar el sistema de IA a alto riesgo.

La ley no regula la arquitectura; regula el uso de herramientas. Y eso incluye cómo contratamos, cómo seleccionamos y qué entregamos al cliente.

Lo que sí tocará a casi todos: transparencia

El punto con más impacto práctico para un despacho técnico es la transparencia del contenido generado. Si el texto final mantiene la obligación de identificar contenido creado por IA, habrá que decidir cómo se señala en imágenes de concurso, en infografías comerciales o en documentos entregados a clientes.

La normativa técnica no exige hoy declarar el uso de herramientas en una memoria de proyecto, y la responsabilidad del técnico firmante no cambia. Pero la tendencia es clara: más trazabilidad sobre qué se ha generado y con qué.

La oportunidad: exigir más a los proveedores

Hay una lectura que se comenta menos. Si el texto final mantiene las obligaciones de transparencia y documentación para los proveedores, los despachos tendrán por primera vez una base objetiva para preguntar cómo funcionan las herramientas que contratan: con qué datos se han entrenado, qué limitaciones conocidas tienen y cómo se gestionan los errores. En el ámbito normativo esto es especialmente valioso. Una herramienta que responda sobre el CTE o el RITE debería poder explicar de qué versión de la norma parte, con qué frecuencia se actualiza y cómo identifica el artículo que respalda cada respuesta. Hoy esa información depende de la buena voluntad del proveedor; mañana podría ser una exigencia de mercado reforzada por la regulación.

Qué preparar ahora

El texto definitivo puede tardar meses y las obligaciones no se aplicarán de inmediato. Aun así, hay trabajo que no depende del resultado final:

1. Inventariar herramientas de IA que se usan en el despacho, quién las usa y para qué.
2. Identificar usos sensibles: selección de personal, evaluación de rendimiento y trabajo en infraestructuras críticas.
3. Revisar contratos con proveedores para conocer qué garantías ofrecen sobre datos, entrenamiento y derechos.
4. Definir un criterio interno de etiquetado de contenido generado, especialmente imágenes.
5. Seguir los trílogos: las posiciones del Consejo y del Parlamento difieren en puntos como los modelos fundacionales y las prohibiciones biométricas.

Mi lectura

El Parlamento ha elegido regular con ambición, sobre todo en IA generativa. Para el sector de la edificación, el impacto directo será moderado, pero el indirecto será grande: los proveedores de herramientas tendrán que ser más transparentes sobre cómo funcionan y con qué se entrenan, y eso nos dará mejor información para elegir. Los despachos que lleguen con su inventario hecho no verán la ley como una carga, sino como un estándar que ya cumplían.